La indignación de conductores y usuarios de transporte público fue más que evidente, sin embargo, su frustración no es, ni será, el mayor de los problemas ocasionados por el pesado transporte y su carga en el Callao. El veneno sigue en el aire Pese a las múltiples denuncias y reiterados pedidos de los pobladores de sectores como Chacarita, San Juan Bosco, La Chalaca, Castilla, Frigorífico, entre otros, el plomo, carga habitual del tren, sigue volando en el medio ambiente chalaco e intoxica sin discriminación a niños y adultos. Sin duda, los pequeños son los más perjudicados con el mineral, y de ellos, los que estudian en el colegio María Reiche N° 5045 pues el plantel está sitiado por los almacenes de la empresa Impala Perú, conocida antes como Cormín. De acuerdo a los exámenes realizados por la Dirección Regional de Salud del Callao (DIRESA), los niños de este centro educativo tienen la sangre contaminada con plomo en una concentración superior a los 10 μg/dl, lo máximo tolerado en el cuerpo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Escandalosamente, un estudiante de siete años tiene 65.6 μg/dl. Según manifiesta Flor Prieto, la madre de un menor de este colegio, han puesto una malla para proteger a los pequeños, sin embargo, la cura es peor que la enfermedad. El plomo se queda en la red metálica y luego cae tal cual nieve tóxica. Como se dijo, los niños de este colegio no son los únicos afectados. El número de contaminados podría llegar incluso hasta los 80 mil, sin embargo, y pese a los reportes de la Diresa, aún no se toman medidas concretas para solucionar el grave inconveniente. Exigen apoyo La falta de consideración para con los vecinos es evidente. El mineral ha contaminado a cientos de chalacos y los viene carcomiendo por dentro, por ello, exigen cuidados e indemnizaciones de manera urgente. Mirtha Callán, presidenta de la asociación "Sonrisitas de Plomo" señaló que muchos menores afectados por ese mineral no tienen los recursos económicos suficientes para llevar un tratamiento adecuado, pero, ni siquiera por eso, reciben atenciones médicas especiales por parte de los involucrados: ni de los dueños del plomo, ni de los gobernantes. El ejemplo vivo (aún con vida gracias a Dios) del inmenso daño del material es el propio hijo de esta mujer. Él tiene 65.6 μg/dl de plomo en la sangre y en poco puede quedarse sin fuerzas. “Tiene 65 miligramos de plomo en la sangre cuando lo máximo permitido es 10 miligramos. Tiene problemas de aprendizaje, no aprende, le duele su cabeza y sus huesitos, se cansa. Todos los niños esperan el recreo para salir corriendo, mi niño no”, comentó. Callán señaló que frente a su vivienda, en el cuarto sector de Atalaya, transitan diariamente muchos camiones repletos de minerales. Ellos son, como manifestaron, agentes contaminantes pues no aíslan de manera efectiva su letal cargamento. Denuncia en curso La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores el pasado 11 de abril. En la misiva, el organismo instaba al canciller Rafael Roncagliolo a dar respuestas sobre la situación de al menos 300 pobladores de Puerto Nuevo quienes están contaminados por el plomo almacenado en la empresa Impala Perú. Como se informó, el Estado tiene un plazo de 30 días para responder, pero hasta ahora no se ha manifestado, y, según parece, no hay intenciones de hacerlo: un escándalo de proporciones podría envolver a las autoridades encargadas. Según Sandra Barros Bolognesi, abogada de los 300 afectados, el Estado no se hace presente pese a los continuos reclamos de los pobladores. En más de 14 meses no se ha cumplido con ninguna medida de seguridad y niños y adultos siguen sufriendo los efectos letales del plomo. Según parece, a la usanza de los políticos del país, se esperaría que alguien muera penosamente para recién tomar cartas en el asunto.
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