Mientras tanto, Fentenapu afirma que hay razones legales de peso para nulidad de proceso
La concesión del Muelle Norte del Callao a la danesa APM Terminals, que
entró en vigencia en julio del año pasado, sigue generando polémica en
varios sectores del país.
No solo los extrabajadores se muestran en
contra de ella sino el propio Ministerio de Defensa que dejó clara su
posición de incomodidad.
La molestia de este despacho no es un invento, por ejemplo, de la
Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (Fentenapu). En realidad,
existe un oficio que fue presentado como "primicia" por el congresista
Rogelio Canches el último fin de semana: ello es otro revés en el
proceso ejecutado en el gobierno de Alan García.
La operatividad se ve comprometida
Según el documento, que data de marzo del 2011, la entrega del Terminal
Norte habría afectado la capacidad operativa de la Marina de Guerra,
específicamente, a la Base Naval del Callao y a los Servicios
Industriales de la Marina (SIMA).
En el oficio, elaborado durante la gestión de Jaime Thorne, se señala
que debían hacerse modificaciones a las condiciones y contrato de la
concesión; sin embargo, ninguno de esos pedidos fue tomado en cuenta,
dejando así una ventana abierta para quienes están en contra del
proceso.
Aunque suene escandaloso, María Soledad Guiulfo, expresidenta del Comité
de ProInversión en Proyectos de Infraestructura Portuaria, quien asistió
en calidad de citada a la comisión de trabajo del Congreso, dijo no
tener conocimiento del oficio presentado en calidad de "primicia".
Según indicó la mujer, luego de conocer los detalles del documento, las
observaciones dadas por el Ministerio de Defensa pueden ser subsanadas y
con ello convertir el "obstáculo" de la Base Naval y el SIMA en un polo
de desarrollo. Pese a ello, Canches puso paños fríos de inmediato y
manifestó que dichas objeciones competen al ámbito de la Defensa
Nacional.
Mientras tanto, ni la mencionada cartera ni la propia Marina se han
pronunciado. Ninguna de estas dependencias se ha encargado de aclarar si
actualmente siguen considerando la concesión como un inconveniente para
sus operaciones o un polo de desarrollo con el cual podrán convivir.
Pese a las nuevas perlas del proceso, el viceministro de Transportes,
Alejandro Chang, se apresuró a decir que su sector no está tomando
acciones sobre la concesión de puertos porque esto corresponde a los
órganos competentes como la Contraloría y el Congreso. "Estamos viendo
el futuro, no podemos perder tiempo en esto", excusó.
Enapu sigue en la lucha
El expresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU)
Mario Arbulú, quien estuvo presente también en la comisión investigadora
del Congreso, indicó que la empresa estatal "no ha muerto" y puede ser
repotenciada sin distraer dinero público.
Pese a su entusiasmo, el exdirectivo no indicó cómo hacer esto posible;
no obstante, entregó documentación que comprobaría lo perjudicial de la
concesión. Con esto espera se pueda devolver el muelle a la soberanía
nacional.
Razones legales para la nulidad
La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (Fentenapu) tiene al
parecer un as bajo la manga para quebrar el proceso: la normativa 15.15
estipulada en el propio contrato. La misma considera la infraestructura
del terminal como de "interés público".
¿Por qué regresaría el Muelle al manejo nacional? Según el informe
preliminar del grupo de trabajo designado por la Comisión de Transportes
y Comunicaciones del Congreso, el gobierno anterior no respetó el
mandato de la Ley Nº27943 ni el D.L. 098, el cual señala que Enapu es el
titular de la gestión de los puertos nacionales.
También señala la inconstitucionalidad de los Decretos Legislativos
1012, 1022 y 1031, y los Decretos de Urgencia 047-2008, así como el 01,
047 y 121-2009, y los DU 001 y 002 del 2011, normativas que sirvieron de
base para impulsar la concesión de los puertos peruanos.
"Si APM Terminals, pese a la ayuda que le dio el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC) y ProInversión en cuanto a
prorrogarle los plazos de cumplimiento, no lo ha hecho, es perfectamente
factible y legal aplicar la cláusula 15.15. El Estado podría dejar sin
validez dicho contrato de concesión”, señaló José Pinco, asesor legal de
los trabajadores.
La concesión sigue generando controversia y no solo por el nebuloso
contexto en el cual se realizó, ni por la aparente muerte de Enapu,
sino, más preocupante aún, por interferir en las operaciones de la
Marina. Bien vale hacerse la pregunta: es un polo de desarrollo o un
obstáculo para la defensa nacional. El tiempo lo dirá.
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