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Mientras que portuarios denuncian presunto blindaje para APM Terminals

La concesión del muelle norte del puerto del Callao sigue levantado polvo. Mientras los trabajadores portuarios continúan reclamando, el gobierno a través del propio ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes se contradice saludando la moción para investigar contratos de concesión pese a aprobar convenio de estabilidad jurídica para APM Terminals.
El directorio de la Empresa Nacional del Puertos (Enapu) ha encargado a la gerencia general de esa entidad la evaluación de alternativas y escenarios que permitan su modernización y fortalecimiento.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, realizó este anuncio luego de la entrega en concesión del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao al consorcio APM Terminals Callao, unidad de la que provenía el 85% de los ingresos de Enapu.

“Se ha encargado a la gerencia de Enapu que plantee escenarios y salidas concretas para ver de qué manera redimensionamos Enapu sin descuidar la administración de los otros puertos de provincias”, manifestó ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República.

La propuesta de la gerencia deberá tener en cuenta factores como la actual realidad financiera, cumplimiento de pago a los pensionistas, así como determinar la cantidad de recursos que aún tiene la empresa.

“Son temas económicos y financieros de política de la empresa que deben ser considerados en diferentes escenarios y alternativas para ser evaluadas y tomar la mejor decisión”, señaló.

Agregó que el futuro de Enapu también es analizado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

Denuncian blindaje para APM Terminals
En tanto, se supo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó un Convenio de Estabilidad Jurídica a celebrarse entre el Ministerio, Proinversión y la empresa APM Terminals Callao. El anuncio fue recibido con sorpresa por Enapu.

La publicación de la Resolución Ministerial Nº 613 del 25 de agosto del 2011, ofrecería estabilidad jurídica para blindar por 30 años el Contrato de Concesión del Muelle Norte del Callao con la firma danesa APM Terminals.

Al respecto, el secretario general de los trabajadores de Enapu (Fentenapu), Leopoldo Ortiz, indicó que dicha resolución es inconstitucional en cuanto atenta contra la naturaleza de Enapu de ser el administrador en todos los puertos del país.

“No nos sorprende que la mafia siga en el Ministerio de Transportes del actual gobierno. Esto da continuidad al faenón portuario”, exclamó el dirigente.

Para el dirigente es “sospechoso” que la norma aparezca dos semanas después de ser designado como viceministro del portafolio de Transportes Alejandro Chang Chiang, cuestionado por haber sido secretario general del MEM a las órdenes de Jaime Yoshiyama durante el gobierno de Fujimori, y presidente del Ositran durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García.

Ante ello el ministro de Trasportes, Carlos Paredes, también señaló que el contrato de estabilidad jurídica suscrito con APM Terminals Callao es un hecho consumado y la actual gestión gubernamental debe acatarlo.

“Hemos encontrado un hecho consumado y no nos queda más que ejecutar el mandato legal que se genera a partir de esa concesión, no hacerlo implicaría una ilegalidad y una falta de seriedad que no sería pertinente”, precisó.

Moción pide investigar caso portuario
Por su parte, el parlamentario oficialista, Rogelio Canches, demandó al Congreso, a través de una moción, conformar una comisión de trabajo que investigue el proceso de concesión del Terminal Norte del puerto del Callao puesto que existen razones suficientes para llevar adelante la investigación.

Hecho que fue saludado por el ministro Paredes, quien también consideró que la entrega en concesión del Terminal Norte Multipropósito es un tema que el Congreso podría investigar.

El terminal más importante del país, que operaba Enapu, fue entregado por el entonces Ministerio de Transportes y ProInversión a la transnacional danesa APM Terminals en las postrimerías del gobierno de Alan García sobre el que hay sospecha de corrupción.

Los gremios del sector privado, trabajadores, especialistas y militares en retiro cuestionaron la forma como el gobierno aprista concesionó esa parte del puerto por considerarla “lesiva e irregular”. Los portuarios lo calificaron de “faenón”.

En los considerandos de la moción Nº 128 del pasado 31 de agosto, se señala que “según Fentenapu y Sitenapu (Federación y Sindicato de trabajadores portuarios respectivamente), habrían existido oscuras tratativas, improvisaciones, marchas, contramarchas y actos sistemáticos de violación flagrante de la Constitución y la ley, otorgando subvenciones directas a APM Terminals en perjuicio de DP World (operador del muelle sur)”.

Lo concreto es que la citada concesión propició la quiebra y la disolución de Enapu, el despido de sus trabajadores y pone en riesgo la subsistencia de más de 2.000 pensionistas de la Empresa Nacional de Puertos.

Según los gremios de trabajadores portuarios, el contrato de concesión “entrega de manera irregular” a APM Terminals incentivos directos e indirectos que bordean los US$ 249 millones. Entre ellos, el acceso a flujos de efectivo de US$ 65 millones sin que el operador realice inversión, la entrega gratuita de dos grúas pórtico (US$ 24 millones), uso de amarraderos, uso de las obras de dragado, entre otros.

Cabe mencionar que el consorcio internacional APM Terminals Callao se adjudicó el primero de abril la concesión de la Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao, superando la oferta presentada por su competidor, el consorcio Terminal Internacional Multipropósito del Callao.

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