AA.HH.s COLINDANTES AL 'JORGE CHÁVEZ CON LAS HORAS CONTADAS

Congreso aprobó norma que declara como ‘necesidad pública’ expropiación de esos terrenos
Finalmente el Congreso de la República aprobó una norma que, por un
lado, era aclamada y exigida, mientras por otro, desdeñada y hasta
despreciada. La propuesta en cuestión, entregada por el Ejecutivo al
Legislativo el 10 de enero de este año, contempla el desalojo de las
viviendas del asentamiento humano ‘El Ayllu’ y otros, a espaldas del
aeropuerto.

El referido documento declara de ‘necesidad pública’ la expropiación de
los inmuebles adyacentes al ‘Jorge Chávez’. Esto, como se describe en
los oficios, se realiza por el crecimiento del terminal, el cual será
beneficioso para todos los peruanos: ¿lo será también para los
residentes del lugar?

¿Qué se plantea?

La norma señala que el aeropuerto será ampliado gracias al embargo de
las casas adyacentes y de dominio privado, con la finalidad de
implementar y dotar las instalaciones chalacas de infraestructura
suficiente y adecuada para un volumen mayor de comercio y pasajeros.

Según señala la ley, la ampliación del aeropuerto favorecerá la
aeronavegabilidad que permita brindar un mejor servicio al usuario. Sin
duda, quienes lleguen o salgan del país por la vía aérea serán
beneficiados, sin embargo, ¿qué hay de los agricultores de ‘El Ayllu’ y
lugares vecinos?

Sin ser despectivos, gran parte de ellos nunca utilizará las renovadas
instalaciones del terminal por lo que sólo les interesa el lugar a dónde
los llevarán a comenzar una nueva vida. Para ellos el beneficio no está
en las comodidades del ‘Jorge Chávez’, sino en la de sus nuevos hogares.

El Ministerio de Transportes Comunicaciones (MTC) será el sujeto activo
de la expropiación, por lo que ha sido facultado para iniciar los
trámites de esta acción. Por ello, asumirá el pago de la indemnización
que se establezca a consecuencia del trato directo o del proceso
arbitral o judicial correspondiente.

De esta manera, coordinará con los ministerios de Vivienda, Construcción
y Saneamiento (MVCS) y de Agricultura (Minag), entre otras entidades
competentes del Estado, el reasentamiento de la población de los
asentamientos humanos afectados.

Tres formas

Según la norma aprobada por el Congreso, existirán tres formas para que
los moradores tengan un nuevo techo sobre sus cabezas. A diferencia de
meses anteriores, ahora sí se explica cómo precederá el proceso de
traslado.

Según informó el MTC, como primera forma, los vecinos podrán reubicarse
a terrenos proporcionados por la Corporación Peruana de Aeropuertos y
Aviación Comercial (Corpac). En ellos, al menos según se consigna en los
documentos, tendrán mayores y mejores comodidades, sin embargo, es
probable que deban dejar la agricultura de la cual vive gran parte de
ellos.

Asimismo, como segunda alternativa, se podrá adquirir o financiar la
adquisición de inmuebles de programas de viviendas ya construidas, tanto
del Sector Público como del privado. Para tal acción aún no se han dado
mayores detalles, pero sería bajo la modalidad del ‘Banco de Materiales’
u algún otro organismo de la misma índole.

Como última opción, se podrá pagar una indemnización asistida que deberá
ser utilizada únicamente para los fines del reasentamiento de la
población afectada. El dinero utilizado para este fin también sería
desembolsado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Para cualquiera de los tres procedimientos señalados, el beneficio a
otorgarse a cada titular de los predios afectados es por la suma máxima
de 205,332.22 nuevos soles en cada caso, para el financiamiento total o
parcial del reasentamiento.

No les hace gracia

Pese a los supuestos beneficios señalados por el Estado, los
representantes de nueve asentamientos marcharon hasta la Municipalidad
del Callao para pedir algo que nadie estaba considerando: constancia de
posesión de sus terrenos.

Según indicaron, para participar de la reubicación prometida por el
Gobierno, deben tener el mencionado documento. Antes de iniciar
cualquier acción, necesitan de este requisito para no quedarse en la
calle, según les habrían indicado las autoridades encargadas del asunto.

De no obtener el título de propiedad quedarán a merced de las máquinas
que demolerán sus casas. Un grupo de regidores municipales, encabezados
por Carlos Martínez, se comprometieron a ayudarlos y ahora esperan
angustiosamente un fallo a su favor pues, como es lógico, no les hace
gracia la idea de dormir sólo con el cielo gris sobre sus cabezas.