Parlamentarios de diferentes bancadas critican que congresista chalaco forme parte de la MegacomisiónLo cuestionan. Parlamentarios de diferentes bancadas conminaron al
presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Humberto Lay, a abrir
una investigación a Pedro Spadaro, legislador chalaco de Fuerza 2011,
por encontrarse implicado en presuntos actos de corrupción.
Esto, luego de que Sergio Tejada, presidente de la Megacomisión (de la
cual también forma parte Spadaro), difundiera una lista con más de 10
mil empleados que se encuentran en la mira de la Contraloría y en la que
figura su nombre.
La investigación que se pide contra el congresista fujimorista, obedece
a que este habría participado en hechos nada claros durante su gestión
como gerente en el Gobierno Regional del Callao el año 2004, por un
proceso de licitación para adquirir material mobiliario escolar, por el
cual el Poder Judicial y la Fiscalía iniciaron un proceso penal.
Sin embargo, sin una sentencia cercana, Spadaro se acogió a la
prescripción lo que le permitió postular sin problemas al Congreso.
Asimismo, también se le investigó por presuntamente intentar estafar a
una empresa inmobiliaria y por mandar a derrumbar y construir el estadio
de Colán en Paita dando presuntamente preferencias a una empresa
constructora.
Sin embargo para Lay, la investigación de la comisión que él preside no
procedería pues para hacerlo se habría requerido que el Congresista haya
sido sentenciado. Lo que fue duramente criticado por otros legisladores
(principalmente oficialistas), quienes le pidieron que “el entusiasmo
inicial de la Comisión de Ética no baje”.
Analiza su continuidad
Por su parte, el presidente de la comisión que investiga al gobierno
pasado, Sergio Tejada, respaldó la propuesta y dijo que analizarán la
permanencia de Spadaro en ese grupo de trabajo vía un pedido formal al
Pleno para evaluar su reemplazo.
En tanto el vocero del partido de gobierno Gana Perú, Freddy Otárola
recordó que Spadaro votó contra el proyecto de ley para la
imprescriptibilidad de los delitos de corrupción por funcionarios
públicos.
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