Exministros de Alan, de Transportes y Defensa metidos “de cabeza” en
mala concesión de puertos por infringir constitución
Mientras la megacomisión investigaba las “joyitas” en la remodelación
de
los colegios emblemáticos, otro grupo perteneciente a la comisión de
Transportes y Comunicaciones del Congreso “echaba ojo” a los procesos
de
concesión de los terminales portuarios del Callao y de Paita llevados a
cabo durante el segundo gobierno de Alan.
Dicho equipo de trabajo, conformado por los congresistas nacionalistas
Rogelio Canches y Roberto Angulo, el PPKausa Enrique Wong y el
fujimorista Carlos Tubino, entregó su informe final hace unas semanas y
las irregularidades halladas meten de cabeza en el tema al exministro
de
Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo.
Según el informe final, las responsabilidades también recaen en el
exministro de Defensa Jaime Thorne y en el actual presidente de la APN,
el vicealmirante en retiro Frank Boyle. El documento dice que todos
ellos
habrían infringido los artículos 44º, 163º y 165º de la Constitución.
“Existen indicios razonables de que el exministro de Transportes y
Comunicaciones Enrique Cornejo Ramírez, el exministro de Defensa Jaime
Thorne León y el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN),
Frank Boyle Alvarado, habrían incurrido en infracción constitucional”,
dice el documento. El “roche” detectado en ambos procesos de concesión
también involucra a altos funcionarios de Proinversión.
Paita y las circulares
En el caso del proceso de concesión del terminal portuario de Paita, el
informe señala que “funcionarios del Poder Ejecutivo, Proinversión y la
Autoridad Portuaria Nacional (APN) habrían actuado favoreciendo a la
empresa Terminales Portuarios Euroandinos (TPE)”, de capitales
portugueses.
¿Por qué los congresistas llegaron a esa conclusión? Resulta que a lo
largo del proceso de concesión que duró aproximadamente año y medio,
Proinversión emitió 41 circulares que iban modificando las bases para
presuntamente beneficiar a TPE, que finalmente se adjudicó el puerto de
Paita e invertirá US$ 227 millones.
Al respecto, una de las conclusiones del informe precisa que
“Proinversión desnaturalizó la esencia misma del concurso, modificando
las bases sustancialmente a través de circulares en contra de los
propios
objetivos de las bases, sin respetar el artículo 61º de la
Constitución,
el principio del debido procedimiento y el principio de imparcialidad”.
El contrato en el Callao
Uno de los hechos que levanta la sospecha en el proceso de concesión
del
puerto del Callao, otorgada por los apristas a APM Terminals, es el
monto
que la empresa holandesa propuso para “asegurarse” con la concesión.
Según el contrato final, la inversión total será de US$ 749 millones y
ocuparán el Muelle norte por 30 años.
Lo extraño es que en la propuesta que APM Terminals presentó el 15 de
febrero de 2010 planteó invertir en total US$ 1,939 millones. Si se
comparan ambos montos existe una diferencia de US$ 1,190. ¿A dónde fue
toda esa plata?
Una fuente consultada aseguró que cuando fueron citados algunos
miembros
de Proinversión al Congreso, como la expresidenta del comité encargado
de
los proyectos de infraestructura portuaria, Marisol Guiulfo Suarez-
Durand, estos no supieron explicar por qué el gobierno aprista firmó el
contrato con APM Terminals por un monto mucho menor a lo inicialmente
ofrecido.
Cabe señalar que este proceso de concesión ha ocasionado que el Estado
se
gane un “roche” con la empresa DP World que lo denunció ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)
por más de US$ 250 millones por competencia desleal.
Una de las recomendaciones del informe final señala que “el Poder
Ejecutivo debe aplicar medidas inmediatas en concordancia con la
política
pública de fortalecimiento del Sistema Público Portuario Nacional y,
por
lo tanto, de Enapu”.Mientras la megacomisión investigaba las “joyitas” en la remodelación
de
los colegios emblemáticos, otro grupo perteneciente a la comisión de
Transportes y Comunicaciones del Congreso “echaba ojo” a los procesos
de
concesión de los terminales portuarios del Callao y de Paita llevados a
cabo durante el segundo gobierno de Alan.
Dicho equipo de trabajo, conformado por los congresistas nacionalistas
Rogelio Canches y Roberto Angulo, el PPKausa Enrique Wong y el
fujimorista Carlos Tubino, entregó su informe final hace unas semanas y
las irregularidades halladas meten de cabeza en el tema al exministro
de
Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo.
Según el informe final, las responsabilidades también recaen en el
exministro de Defensa Jaime Thorne y en el actual presidente de la APN,
el vicealmirante en retiro Frank Boyle. El documento dice que todos
ellos
habrían infringido los artículos 44º, 163º y 165º de la Constitución.
“Existen indicios razonables de que el exministro de Transportes y
Comunicaciones Enrique Cornejo Ramírez, el exministro de Defensa Jaime
Thorne León y el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN),
Frank Boyle Alvarado, habrían incurrido en infracción constitucional”,
dice el documento. El “roche” detectado en ambos procesos de concesión
también involucra a altos funcionarios de Proinversión.
Paita y las circulares
En el caso del proceso de concesión del terminal portuario de Paita, el
informe señala que “funcionarios del Poder Ejecutivo, Proinversión y la
Autoridad Portuaria Nacional (APN) habrían actuado favoreciendo a la
empresa Terminales Portuarios Euroandinos (TPE)”, de capitales
portugueses.
¿Por qué los congresistas llegaron a esa conclusión? Resulta que a lo
largo del proceso de concesión que duró aproximadamente año y medio,
Proinversión emitió 41 circulares que iban modificando las bases para
presuntamente beneficiar a TPE, que finalmente se adjudicó el puerto de
Paita e invertirá US$ 227 millones.
Al respecto, una de las conclusiones del informe precisa que
“Proinversión desnaturalizó la esencia misma del concurso, modificando
las bases sustancialmente a través de circulares en contra de los
propios
objetivos de las bases, sin respetar el artículo 61º de la
Constitución,
el principio del debido procedimiento y el principio de imparcialidad”.
El contrato en el Callao
Uno de los hechos que levanta la sospecha en el proceso de concesión
del
puerto del Callao, otorgada por los apristas a APM Terminals, es el
monto
que la empresa holandesa propuso para “asegurarse” con la concesión.
Según el contrato final, la inversión total será de US$ 749 millones y
ocuparán el Muelle norte por 30 años.
Lo extraño es que en la propuesta que APM Terminals presentó el 15 de
febrero de 2010 planteó invertir en total US$ 1,939 millones. Si se
comparan ambos montos existe una diferencia de US$ 1,190. ¿A dónde fue
toda esa plata?
Una fuente consultada aseguró que cuando fueron citados algunos
miembros
de Proinversión al Congreso, como la expresidenta del comité encargado
de
los proyectos de infraestructura portuaria, Marisol Guiulfo Suarez-
Durand, estos no supieron explicar por qué el gobierno aprista firmó el
contrato con APM Terminals por un monto mucho menor a lo inicialmente
ofrecido.
Cabe señalar que este proceso de concesión ha ocasionado que el Estado
se
gane un “roche” con la empresa DP World que lo denunció ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)
por más de US$ 250 millones por competencia desleal.
Una de las recomendaciones del informe final señala que “el Poder
Ejecutivo debe aplicar medidas inmediatas en concordancia con la
política
pública de fortalecimiento del Sistema Público Portuario Nacional y,
por
lo tanto, de Enapu”.Mientras la megacomisión investigaba las “joyitas” en la remodelación
de
los colegios emblemáticos, otro grupo perteneciente a la comisión de
Transportes y Comunicaciones del Congreso “echaba ojo” a los procesos
de
concesión de los terminales portuarios del Callao y de Paita llevados a
cabo durante el segundo gobierno de Alan.
Dicho equipo de trabajo, conformado por los congresistas nacionalistas
Rogelio Canches y Roberto Angulo, el PPKausa Enrique Wong y el
fujimorista Carlos Tubino, entregó su informe final hace unas semanas y
las irregularidades halladas meten de cabeza en el tema al exministro
de
Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo.
Según el informe final, las responsabilidades también recaen en el
exministro de Defensa Jaime Thorne y en el actual presidente de la APN,
el vicealmirante en retiro Frank Boyle. El documento dice que todos
ellos
habrían infringido los artículos 44º, 163º y 165º de la Constitución.
“Existen indicios razonables de que el exministro de Transportes y
Comunicaciones Enrique Cornejo Ramírez, el exministro de Defensa Jaime
Thorne León y el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN),
Frank Boyle Alvarado, habrían incurrido en infracción constitucional”,
dice el documento. El “roche” detectado en ambos procesos de concesión
también involucra a altos funcionarios de Proinversión.
Paita y las circulares
En el caso del proceso de concesión del terminal portuario de Paita, el
informe señala que “funcionarios del Poder Ejecutivo, Proinversión y la
Autoridad Portuaria Nacional (APN) habrían actuado favoreciendo a la
empresa Terminales Portuarios Euroandinos (TPE)”, de capitales
portugueses.
¿Por qué los congresistas llegaron a esa conclusión? Resulta que a lo
largo del proceso de concesión que duró aproximadamente año y medio,
Proinversión emitió 41 circulares que iban modificando las bases para
presuntamente beneficiar a TPE, que finalmente se adjudicó el puerto de
Paita e invertirá US$ 227 millones.
Al respecto, una de las conclusiones del informe precisa que
“Proinversión desnaturalizó la esencia misma del concurso, modificando
las bases sustancialmente a través de circulares en contra de los
propios
objetivos de las bases, sin respetar el artículo 61º de la
Constitución,
el principio del debido procedimiento y el principio de imparcialidad”.
El contrato en el Callao
Uno de los hechos que levanta la sospecha en el proceso de concesión
del
puerto del Callao, otorgada por los apristas a APM Terminals, es el
monto
que la empresa holandesa propuso para “asegurarse” con la concesión.
Según el contrato final, la inversión total será de US$ 749 millones y
ocuparán el Muelle norte por 30 años.
Lo extraño es que en la propuesta que APM Terminals presentó el 15 de
febrero de 2010 planteó invertir en total US$ 1,939 millones. Si se
comparan ambos montos existe una diferencia de US$ 1,190. ¿A dónde fue
toda esa plata?
Una fuente consultada aseguró que cuando fueron citados algunos
miembros
de Proinversión al Congreso, como la expresidenta del comité encargado
de
los proyectos de infraestructura portuaria, Marisol Guiulfo Suarez-
Durand, estos no supieron explicar por qué el gobierno aprista firmó el
contrato con APM Terminals por un monto mucho menor a lo inicialmente
ofrecido.
Cabe señalar que este proceso de concesión ha ocasionado que el Estado
se
gane un “roche” con la empresa DP World que lo denunció ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)
por más de US$ 250 millones por competencia desleal.
Una de las recomendaciones del informe final señala que “el Poder
Ejecutivo debe aplicar medidas inmediatas en concordancia con la
política
pública de fortalecimiento del Sistema Público Portuario Nacional y,
por
lo tanto, de Enapu”.Mientras la megacomisión investigaba las “joyitas” en la remodelación
de
los colegios emblemáticos, otro grupo perteneciente a la comisión de
Transportes y Comunicaciones del Congreso “echaba ojo” a los procesos
de
concesión de los terminales portuarios del Callao y de Paita llevados a
cabo durante el segundo gobierno de Alan.
Dicho equipo de trabajo, conformado por los congresistas nacionalistas
Rogelio Canches y Roberto Angulo, el PPKausa Enrique Wong y el
fujimorista Carlos Tubino, entregó su informe final hace unas semanas y
las irregularidades halladas meten de cabeza en el tema al exministro
de
Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo.
Según el informe final, las responsabilidades también recaen en el
exministro de Defensa Jaime Thorne y en el actual presidente de la APN,
el vicealmirante en retiro Frank Boyle. El documento dice que todos
ellos
habrían infringido los artículos 44º, 163º y 165º de la Constitución.
“Existen indicios razonables de que el exministro de Transportes y
Comunicaciones Enrique Cornejo Ramírez, el exministro de Defensa Jaime
Thorne León y el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN),
Frank Boyle Alvarado, habrían incurrido en infracción constitucional”,
dice el documento. El “roche” detectado en ambos procesos de concesión
también involucra a altos funcionarios de Proinversión.
Paita y las circulares
En el caso del proceso de concesión del terminal portuario de Paita, el
informe señala que “funcionarios del Poder Ejecutivo, Proinversión y la
Autoridad Portuaria Nacional (APN) habrían actuado favoreciendo a la
empresa Terminales Portuarios Euroandinos (TPE)”, de capitales
portugueses.
¿Por qué los congresistas llegaron a esa conclusión? Resulta que a lo
largo del proceso de concesión que duró aproximadamente año y medio,
Proinversión emitió 41 circulares que iban modificando las bases para
presuntamente beneficiar a TPE, que finalmente se adjudicó el puerto de
Paita e invertirá US$ 227 millones.
Al respecto, una de las conclusiones del informe precisa que
“Proinversión desnaturalizó la esencia misma del concurso, modificando
las bases sustancialmente a través de circulares en contra de los
propios
objetivos de las bases, sin respetar el artículo 61º de la
Constitución,
el principio del debido procedimiento y el principio de imparcialidad”.
El contrato en el Callao
Uno de los hechos que levanta la sospecha en el proceso de concesión
del
puerto del Callao, otorgada por los apristas a APM Terminals, es el
monto
que la empresa holandesa propuso para “asegurarse” con la concesión.
Según el contrato final, la inversión total será de US$ 749 millones y
ocuparán el Muelle norte por 30 años.
Lo extraño es que en la propuesta que APM Terminals presentó el 15 de
febrero de 2010 planteó invertir en total US$ 1,939 millones. Si se
comparan ambos montos existe una diferencia de US$ 1,190. ¿A dónde fue
toda esa plata?
Una fuente consultada aseguró que cuando fueron citados algunos
miembros
de Proinversión al Congreso, como la expresidenta del comité encargado
de
los proyectos de infraestructura portuaria, Marisol Guiulfo Suarez-
Durand, estos no supieron explicar por qué el gobierno aprista firmó el
contrato con APM Terminals por un monto mucho menor a lo inicialmente
ofrecido.
Cabe señalar que este proceso de concesión ha ocasionado que el Estado
se
gane un “roche” con la empresa DP World que lo denunció ante el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)
por más de US$ 250 millones por competencia desleal.
Una de las recomendaciones del informe final señala que “el Poder
Ejecutivo debe aplicar medidas inmediatas en concordancia con la
política
pública de fortalecimiento del Sistema Público Portuario Nacional y,
por
lo tanto, de Enapu”.
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