MUELLE NORTE DEL CALLAO EN EL PUNTO MÁS CRÍTICO

Inconstitucionalidad de Decretos de Urgencia Nº 001 y 002 desestiman concesión, sin embargo, aún no todo está dicho

En punto crítico. Luego de declararse como inconstitucionales los Decretos de Urgencia Nº 001 y 002 que priorizaban la concesión de 33 megaproyectos del país, las operaciones del Muelle Norte del Callao, a cargo de APM Terminals, podrían estar en sus días finales.

Según informó el Tribunal Constitucional, las referidas normativas fueron declaradas como nulas debido a no cumplir con los requisitos de necesidad y transitoriedad exigidos forzosamente por la constitución del país.

Debido a ello, las medidas implementadas, aparentemente con mayor velocidad de lo habitual, tenían el propósito de eliminar requisitos y resguardos para la promoción de diversos proyectos de inversión privada, entre ellos, el del terminal chalaco.

Ellas, según se explicó, debieron ser canalizadas por el Congreso de la República, mediante proyectos de ley enviados por el Ejecutivo, sin embargo, al ser implementados directamente como decretos de urgencia, despertaba la sospecha de muchos.

Justamente, a pesar de los cuestionamientos, hechos por gremios de trabajadores, congresistas y líderes políticos sobre los beneficios reales de la entrega de mando, se habría estructurado una maraña legal para crear un régimen normativo excepcional, la cual, permitía vulnerar controles y procedimientos para continuar con el cometido de separar del seno del gobierno al bastión más sólido de Enapu.

Según un prestigioso estudio jurídico al cual se pudo consultar, después de la inconstitucionalidad de los Decretos de Urgencia Nº 001 y 002, es viable y necesario revisar el contrato de concesión del Terminal Norte del Callao.

De acuerdo a esta fuente, esto debe ser realizado a la brevedad para determinar si corresponde o no que el muelle siga operando bajo el mandato de una transnacional, y no del Estado peruano.

Dudoso beneficio
Las mencionadas normativas calificadas como inconstitucionales no son lo único. Son pocas las personas quienes entienden por qué el actual Ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, aprobó el llamado convenio de estabilidad jurídica que blinda tributariamente a la operadora, a pesar de existir una demanda de inconstitucionalidad en curso.

El titular de esta cartera señaló ante el congreso que otorgar tal ‘beneficio’ era justificado debido a ser un mandato judicial, sin embargo, según se registra en un análisis legal de la consultora legal referida, no existe ninguna norma imperativa u ‘obligatoria’, sino, sólo dispositivas, las cuales dejan a criterio de la voluntad la ejecución de mecanismos.

Según los juristas, se justifica una revisión y estudio de todo lo acontecido en el proceso, pero en materia tributaria, el proceso quedaría sin efecto al amparo del artículo 83 del Código Procesal Constitucional y del artículo 74 de la Constitución. Debe actuarse con prontitud.

Costaría caro al Perú
La Federación de Trabajadores de Enapu afirmó que si el Estado no anula la ‘irregular’ privatización del Muelle Norte, esta será perjudicial para el estado.

Víctor Pinco, representante legal del gremio de trabajadores portuarios, refirió que si las autoridades no anulan la concesión, poniendo en la balanza los costos y beneficios, el proceso saldría muy caro al país.

Lo dramático del caso viene cuando, a pesar de haber sido declarados como inconstitucionales los Decretos de Urgencia Nº 001 y 002 que favorecían la concesión, esto no tiene efectos retroactivos. En palabras simples, el contrato entre APM Terminals y el gobierno, no se vería afectado, y las operaciones de la transnacional seguirían sin mayor problema.

Costos
El gobierno debería pagar (es una posibilidad) US$ 250 millones a DP World, administradora del terminal sur quien demandó al país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, por el supuesto juego sucio jugado en su contra.

A esto, se le suman US$ 20 millones, para pagar las liquidaciones de casi 280 trabajadores quienes hasta ahora siguen laborando bajo la planilla de Enapu a pesar de estar en APM Terminals.

Como añadidura fatal, el Estado debe desembolsar 20 millones de dólares anuales para cancelar las pensiones de sus trabadores. De tal cantidad, entre 4 y 5 millones son destinados sólo a ex empleados del Terminal Norte.

Lo dramático es que al ceder el control del muelle, Enapu perdió su bastión, con el cual recibía las utilidades necesarias para subsistir. Ahora, tal entidad está ‘desangrándose’.

Una última jugada
En opinión del presidente de Fentenapu, Leopoldo Ortiz, si el Estado decide concluir con el contrato firmado con APM Terminals “no se perdería nada, pues APM Terminals aún no ha invertido nada”.

Según indicó, recién en cuatro años desembolsaría 150 millones de dólares. Luego, en otros 30, llegará a los US$ 750 millones, muy por debajo del los índices que serían alcanzados con un mando de Enapu. “Primero harán caja, y con plata de Perú van a invertir”, refirió.

Una forma legal de anular la privatización del Muelle Norte sería que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aplique la clausula de Soberanía del contrato, denominada 15.15. Dicho acápite, determina que por motivos de interés público se puede dejar sin efecto la privatización del Terminal Norte.
Esta sería la última jugada para el Estado. Los implicados esperan una salida beneficiosa para los intereses del desarrollo del país.