Hechos delictivos en Lima y Callao aumentaron en 50% según Instituto de Defensa Legal
El Gobierno de Alan García dejó un país más inseguro que el que recibió el 2006. Diversos indicadores muestran este incremento delictivo; uno de ellos es una encuesta de victimización que el Instituto de Defensa Legal (IDL) dio como resultado que aproximadamente 6 de cada 10 encuestados de Lima metropolitana y el Callao, habían sido víctimas de robo o intento de robo recientemente.
Cinco años antes, en julio del 2005, IDL aplicó similar encuesta y dio como resultado que aproximadamente sólo 4 de cada 10 encuestados afirmaron haber sido víctimas, o sus familiares directos, de robo o intento de robo.
Es decir, en un periodo de 5 años (2005-2010), los robos o intentos de robo en las calles de Lima y Callao se incrementaron aproximadamente 50%, de la mano del crecimiento económico y de la ausencia de una política pública sostenida de prevención contra la delincuencia, en los últimos diez años.
Ante hechos como el sufrido por la hija del congresista Reggiardo, las autoridades policiales reaccionaron con medidas aisladas, algunas demagógicas (como la pena de muerte) y otras absurdas como las propuesta el ex Ministro del Interior Octavio Salazar (hoy parlamentario fujimorista): custodia policial para las personas que retiraran fuertes sumas de dinero de los bancos.
La indignación frente a lo que pudo ser una terrible tragedia, es un sentimiento compartido. Sin embargo, para David Lovatón, del Instituto de Defensa Legal “la solución no pasa por medidas aisladas o echar mano del ejército en el patrullaje de las calles, endurecer las penas o reinstaurar en el Perú la pena de muerte”.
Algunos expertos aseguran que, si no están dispuestos a gastar más en el sistema penitenciario, entonces el endurecimiento de las penas sólo contribuirá a un mayor hacinamiento de las cárceles, que en la actualidad son escuelas del crimen.
Otros indican que, el inicio de la solución pasa por el consenso político y social en torno a una política pública de seguridad ciudadana que el nuevo Gobierno debería proponer al país.
Algunos elementos de prevención ya han sido lanzados por el nuevo Gobierno como la gradual desaparición del régimen del 1 x 1 de los efectivos policiales y así contar con más policías en las calles, lo cual supone un esfuerzo presupuestal, pero se tiene que hacer en coordinación con los gobiernos regionales y municipales. Otra medida es la mejora de las condiciones de trabajo de los efectivos policiales: descanso, mejorar el equipamiento, entre otras.
Asimismo, el Ministro ha anunciado que policías que cumplían labores administrativas, serán reemplazados por empleados civiles y pasarán a patrullar las calles.
Una medida que ha sido mencionada por el nuevo Ministro es la prevención y la lucha contra la corrupción policial. Si bien hay muchos policías honestos, la coima de tránsito y diversos actos de corrupción, son moneda corriente en nuestro país.
Según IDL, en julio del 2006 la aprobación de la labor de la PNP era de 58.7%, en tanto que en junio del 2010, la aprobación era tan sólo de 21%.
Para Lovatón, “la prevención y lucha contra la corrupción policial es una de las claves del éxito de cualquier política pública de seguridad ciudadana, pues siempre se requiere la confianza ciudadana en la policía”.
Por lo que, el liderazgo presidencial que se ha anunciado, buscará recuperar la confianza ciudadana en la Policía Nacional, confianza que según Lovatón, se debe sustentar, no en campañas publicitarias, sino en eficacia y honestidad.
Cinco años antes, en julio del 2005, IDL aplicó similar encuesta y dio como resultado que aproximadamente sólo 4 de cada 10 encuestados afirmaron haber sido víctimas, o sus familiares directos, de robo o intento de robo.
Es decir, en un periodo de 5 años (2005-2010), los robos o intentos de robo en las calles de Lima y Callao se incrementaron aproximadamente 50%, de la mano del crecimiento económico y de la ausencia de una política pública sostenida de prevención contra la delincuencia, en los últimos diez años.
Ante hechos como el sufrido por la hija del congresista Reggiardo, las autoridades policiales reaccionaron con medidas aisladas, algunas demagógicas (como la pena de muerte) y otras absurdas como las propuesta el ex Ministro del Interior Octavio Salazar (hoy parlamentario fujimorista): custodia policial para las personas que retiraran fuertes sumas de dinero de los bancos.
La indignación frente a lo que pudo ser una terrible tragedia, es un sentimiento compartido. Sin embargo, para David Lovatón, del Instituto de Defensa Legal “la solución no pasa por medidas aisladas o echar mano del ejército en el patrullaje de las calles, endurecer las penas o reinstaurar en el Perú la pena de muerte”.
Algunos expertos aseguran que, si no están dispuestos a gastar más en el sistema penitenciario, entonces el endurecimiento de las penas sólo contribuirá a un mayor hacinamiento de las cárceles, que en la actualidad son escuelas del crimen.
Otros indican que, el inicio de la solución pasa por el consenso político y social en torno a una política pública de seguridad ciudadana que el nuevo Gobierno debería proponer al país.
Algunos elementos de prevención ya han sido lanzados por el nuevo Gobierno como la gradual desaparición del régimen del 1 x 1 de los efectivos policiales y así contar con más policías en las calles, lo cual supone un esfuerzo presupuestal, pero se tiene que hacer en coordinación con los gobiernos regionales y municipales. Otra medida es la mejora de las condiciones de trabajo de los efectivos policiales: descanso, mejorar el equipamiento, entre otras.
Asimismo, el Ministro ha anunciado que policías que cumplían labores administrativas, serán reemplazados por empleados civiles y pasarán a patrullar las calles.
Una medida que ha sido mencionada por el nuevo Ministro es la prevención y la lucha contra la corrupción policial. Si bien hay muchos policías honestos, la coima de tránsito y diversos actos de corrupción, son moneda corriente en nuestro país.
Según IDL, en julio del 2006 la aprobación de la labor de la PNP era de 58.7%, en tanto que en junio del 2010, la aprobación era tan sólo de 21%.
Para Lovatón, “la prevención y lucha contra la corrupción policial es una de las claves del éxito de cualquier política pública de seguridad ciudadana, pues siempre se requiere la confianza ciudadana en la policía”.
Por lo que, el liderazgo presidencial que se ha anunciado, buscará recuperar la confianza ciudadana en la Policía Nacional, confianza que según Lovatón, se debe sustentar, no en campañas publicitarias, sino en eficacia y honestidad.
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