AMPLIACIÓN DE AEROPUERTO CORRE PELIGRO

Los terrenos para tal fin no se entregan y Estado deberá pagar US$ 300 millones

Marisol Espinoza, la electa vicepresidenta y coordinadora de la comisión de transferencia de Gana Perú, denunció que el gobierno saliente está dejando sin resolver el tema de la entrega de terrenos a Lima Airport Partners (LAP) para la construcción de una segunda pista de aterrizaje en el aeropuerto Jorge Chávez.

Según indicó ella, en los últimos nueve años no se ha cumplido con el saneamiento de las propiedades adyacentes que están ocupadas por terceras personas, lo cual hace peligrar la ampliación del terminal.

“El proceso está a menos del 20% y llegar al 100% es un camino bastante largo que no se ha hecho”, declaró Espinoza durante una rueda de prensa en la que detalló las conclusiones del proceso de transferencia en el sector Transportes y Comunicaciones.

El inconveniente que estaría dejando el actual gobierno no es para nada un tema cotidiano y de poca relevancia. Según se conoce, si el Estado peruano no entrega a tiempo los terrenos para la ampliación del terminal aéreo, deberá pagar a LAP la suma de US$ 300 millones, costo que el próximo gobierno deberá asumir.

Marisol Espinoza indicó que no sólo es preocupante el riesgo de pagar una millonaria penalidad a la concesionaria en mención, sino también, el futuro de las familias que ocupan los citados terrenos. “El tema social que representan las familias que tendrían que ser desalojadas también nos preocupa”, enfatizó.

Por su parte, el actual Ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, trató de poner paños fríos al tema y le recomendó a la próxima vicepresidenta no preocuparse por el inconveniente pues se podrá resolver en el tiempo determinado. “En el año 2013 recién vence el plazo que el Estado tiene para entregar los terrenos”, indicó.

A pesar de lo expresado por el titular de esta cartera, la situación podría complicar seriamente el desarrollo del aeropuerto. Si no se cumple con la entrega de los terrenos adyacente, no se construiría la segunda pista de aterrizaje como había sido acordado, por lo cual, el próximo gobierno deberá asumir un pago millonario a favor de LAP.