Según críticos, Alan García habría dejado una nefasta herencia para el desarrollo del paísEn julio del 2011, cuando estábamos a puertas del comienzo del gobierno de Ollanta Humala, los resultados evidenciaban que el mandato de Alan García dejaba los puertos nacionales a la deriva.
Según muchos especialistas, el saliente mandatario ‘hipotecó’ la soberanía de los terminales pues los sumergió en negocios privados que no dejaban del todo claro los procesos de entrega, entre ellos, los de Paita y el Callao. Como cereza del pastel, asegurado esto por muchos críticos, demostró su pretensión de liquidar Enapu.
Desde que dejó el cargo, han pasado ya algo más de cuatro meses, y a pesar de tener un presidente quien aseguró velar por tratar de la mejor manera los temas portuarios, los estragos de la época aprista aún se dejan sentir.
Movidas que generan dudas
En Callao y Paita, García impuso duopolios o monopolios extranjeros, los cuales no traen dinero fresco, sino hacen caja sacrificando la economía nacional. En el primer puerto, incluso, se entregó gratis la infraestructura, equipos, utilidades y áreas de Enapu y por ello ahora, la entidad está al borde de la quiebra.
Con la concesión del Muelle norte, la empresa perdió el 85% de sus ingresos. El MTC de ese entonces se limpió las manos y evadió su responsabilidad diciendo que el nuevo gobierno deberá subsidiarla para evitar el cierre de los diez terminales aún bajo soberanía del Estado.
Según se sabe, se dejaron cuentas pendientes que deberá pagar la actual gestión los próximos años. De ellas, aproximadamente US$ 240 millones: 40 anuales para los terminales regionales, y 200 para los pensionistas.
DP World, concesionaria del muelle sur, presentó el 1 de Julio de este año una solicitud de arbitraje al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), contra el Estado, aduciendo competencia desleal en la entrega del Muelle norte a APM Terminals.
Su tesis para la demanda se basa en que se ha subsidiado activos públicos en el proceso y por ello reclama, hasta ahora, una compensación que podría ser superior a los US$ 200 millones. El desembolso debería hacerlo el presente gobierno.
La privatización del Mega puerto
El 1 de julio de 2011 se entregó el Terminal Norte del Callao, a APM Terminales, a cambio de una inversión de US$ 350 millones que será efectiva recién en dos años.
Esta empresa pasó en un año de ofertar US$ 1,900 millones, a la reducida suma de US$ 350 millones. En el 2008, DP World ofertó invertir US$ 1,300 millones, sin pedir apoyo del Estado y asumiendo las pensiones. Luego, la actual concesionaria del terminal norte ofertó US$ 1,900 millones.
En el 2010, la Fundación Valencia Ports, en consulta con la comunidad portuaria, elabora un proyecto integral, público-privado, de US$ 3,200 millones, que fue dejado de lado. Al final, en el 2011, Alan García entregó Enapu por una inversión total de US$ 760 millones, de los cuales son obligatorios sólo US$ 350, efectivos dos años después cuando APM Terminals, haga caja con el control total del puerto.
Con el mando del terminal, la empresa se hacía de utilidades cuyos montos bordeaban los S/ 100 millones anuales. Ellos serían obtenidos usando gratis equipos e infraestructura, valorizada en cerca de US$ 50 millones.
Mientras hace caja con los recursos nacionales, la empresa pasa ‘de taquito’ una deuda de US$ 200 millones al Estado, por concepto de pago a pensionistas y US$ 40 millones anuales para la operatividad de los puertos públicos en las regiones.
Perspectivas de Soberanía
Según refieren especialistas en el tema, se ha quebrado la necesaria relación entre economía, población y nación, al entregarse los puertos públicos a entidades privadas: se cercenó la perspectiva geopolítica del Callao.
Además, como se informó, con las concesiones se han bloqueado las potencialidades y exigencias de los puertos públicos como nodos territoriales y sistemas multifuncionales de valor agregado.
Lo que muchos llaman la nefasta herencia de García, hasta el momento, no ha podido doblegar al país. El presidente Ollanta Humala aseguró que velaría por lo intereses nacionales. Ello, para empresarios y trabajadores, sigue siendo la base para recuperar y potenciar los puertos públicos.
La nación y sus espacios macro regionales, con sus crecientes actividades productivas y plataformas logísticas, requieren terminales a la altura del estándar internacional. Sea con puertos nacionales o privados, el deber del gobierno es velar por el debido funcionamiento de los mismos.
Es urgente y necesario afianzar el sistema portuario nacional, el rol de Enapu como administrador público portuario, y convocar la inversión privada en sus diversas modalidades. Para esto, deben revisarse y reformularse los contratos que hasta ahora son materia de duda por sus supuestos vicios y nulidades. Es uno de los desafíos del ‘gobierno del cambio’ prometido por Ollanta Humala.
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