Legislador fue envuelto en hechos de corrupción en el 2004, pero este año se acogió a prescripción y salió bien libradoEl legislador de Fuerza 2011, Pedro Spadaro, integrante de la “Megacomisión” que investigará los supuestos actos de corrupción del gobierno pasado, en plena campaña electoral solicitó la prescripción del delito por el cual se le investigaba, tal como lo hizo Alan García, a quien hoy pretende investigar.
En el 2004, en el Gobierno Regional del Callao se suscitaron hechos nada claros que llevaron a la Fiscalía y al Poder Judicial a abrir un proceso penal a diversos funcionarios de esta institución. Uno de ellos fue el realizado en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 00013-2004-REGIÓN Callao.
Esta transacción, orientada a adquirir mobiliario escolar para los centros educativos del primer puerto, causó dudas y se abrió proceso penal contra Spadaro y otros funcionarios de la misma institución.
Lo ocurrido
El 8 de noviembre de 2004, el comité especial encargado de la licitación antes mencionada, en compañía de un notario público, realizó la Lectura de Evaluación Técnica, Apertura de Propuestas Económicas y Otorgamiento de la Buena Pro. En el acto, algo llamó la atención de los asistentes.
Mientras se iniciaban las ofertas de los postores, uno de ellos, José Jerónimo Hurtado Aguirre, descubrió que los montos leídos no concordaban con los ofertados en su propuesto económico. De inmediato se comunicó con la comisión de control de la Contraloría y el Fiscal Provincial de Turno del Callao.
En función a ello, los funcionarios llegaron a las oficinas de la Región Callao, y al ser intervenidos, el ahora congresista chalaco, junto a otra implicada, se negó a informar sobre los detalles de la dudosa negociación.
Según se consigna en el Dictamen Fiscal, “al solicitar el acceso a la documentación correspondiente, hubo una negativa temporal al requerimiento de información por parte de los encausados Pedro Spadaro y Jacqueline María Acosta Ramos, (Gerente de Asesoría Jurídica y apoderada del Gobierno Regional), aduciendo que los altos funcionarios de la Región, así como los miembros del Comité Especial, no se encontraban en la Sede”.
Como se registra en el mismo parte, aquel día se frustró la revisión e incautación de los documentos correspondientes a la licitación, así como la entrevista a las personas implicadas en el ilícito penal. Según se tiene registrado, recién al día siguiente se pudo tener acceso a lo requerido.
Sin embargo, la negativa inicial habría facilitado que los miembros del Comité Especial de la Región Callao realizarán acciones propensas a la desaparición de pruebas materiales del delito, incluso, ante el grupo de control se presentó la propuesta económica de la empresa Maderera Mariscal Castilla S.A.C (propiedad de José Jerónimo Hurtado Aguirre), con enmendaduras en los montos consignados.
La intervención del ahora Congresista ha sido corroborada por el Acta de Constatación realizada en presencia del representante del Ministerio Público. Según lo descrito en ella, Spadaro y otros procesados, informaron que no había ninguna persona en las instalaciones del Gobierno chalaco. Asimismo no se brindó la información relacionada a la Licitación Pública Nacional N° 00013-2004-REGIÓN Callao, ni a los miembros de la Contraloría General de la República, ni a CONSUCODE.
Sanciones preventivas
Por este hecho, el Décimo Segundo Juzgado Especializado Penal del Callao resolvió abrir Instrucción en vía ordinaria, con mandato de comparecencia restringida, contra el ahora legislador chalaco por el supuesto delito de encubrimiento. Debido a él, se pidió el embargo preventivo sobre los bienes del inculpado.
El 25 de junio de 2008, la Cuarta Fiscalía Superior Penal del Callao pidió cuatro años de pena privativa de libertad en contra de Spadaro, en calidad de autor del ‘delito contra la función jurisdiccional – encubrimiento real en agravio del Estado’, debiendo pagar la suma de quince mil nuevos soles a favor del agraviado José Jerónimo Hurtado Aguirre.
Sin embargo, de manera irregular, la misma dependencia lo absolvió con un argumento no menos escandaloso. Según se consigna “no aparece prueba escrita, fehaciente y real, de que (Spadaro) haya obstruido la acción de la justicia”, pese a existir un acta de constatación donde se acreditaba su participación.
Debido a lo escandaloso del hecho, la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante Ejecutoria Suprema del 27 de julio del 2010 (Recurso de Nulidad N° 1282 – 2009 Callao) anuló la sentencia que absolvía a Pedro Carmelo Spadaro, y ordenó realizarle un nuevo juicio oral en su contra, esta vez, por otro colegiado.
Se la llevó fácil
El nuevo juicio oral contra el ahora congresista se programó para el 10 de marzo de este año, pero no se llegó a realizar pues días antes él solicitó que se declarara la prescripción de su delito. A pesar de sonar descabellado, ese mismo mes, la Tercera Fiscalía Superior Penal se pronunció a favor del pedido.
Así, el 31 de mayo, la Tercera Sala Penal, en concordancia con la opinión de la entidad antes mencionada, declaró ‘extinguida por prescripción’ la acción penal seguida contra Spadaro.
A pesar de las pruebas presentadas, el legislador salió libre de polvo y paja y ahora es miembro de la comisión que investigará los hechos de corrupción del gobierno de Alan García. Según parece, en la política peruana ‘una mano lava a la otra’: el legislador habría salido bien librado.
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